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04 de Junio de 2012

Ajuste y crecimiento en la economía

E
Por:
ENAE INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL
Sumario:

 

            por Enrique Egea, director General de ENAE Business School y director Gerente de la Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia            

 

          Hablar de ajuste parece que conlleva malas connotaciones y hablar de crecimiento buenas.  La carga semántica de ambas palabras es importante. Es posible que sin un adecuado ajuste no se consiga el crecimiento pretendido y que solamente ajuste, sin crecimiento, no conduzca al fin deseado. En los momentos actuales la economía atraviesa una profunda crisis en España de la que urge salir porque causa graves perjuicios económicos y sociales  Ahora bien, la salida no depende, tal vez, de una sola política sino de varias coordinadas, una más importantes a corto plazo y otras más adecuadas para el largo plazo y en nuestra opinión habrá que combinar ajuste con crecimiento.

 

            El principal síntoma de la situación económica es el nivel tan alto de paro, los desequilibrios en un sector privado con elevado endeudamiento y un sector público con déficit y aumento de la deuda, al mismo tiempo que la pérdida de productividad sufrida en los años anteriores. Ésta se ha producido por una inflación más alta unida a unos costes laborales unitarios más elevados que en la mayoría de los países de la Unión Europea.  Solucionar estas cuestiones requiere  diversas políticas. En la política monetaria los tipos de interés todavía pueden bajar algo y el banco central europeo puede facilitar más dinero a los bancos a fin de que éstos puedan, al tiempo que recapitalizarse, cubrir mejor las necesidades de financiación del sector público y del privado. Ahora bien, la política monetaria del banco central europeo se diseña para el conjunto de la zona euro y no en exclusiva para España, por lo que puede suceder y sucede que no es la que más le conviene a nuestro país.

 

 

             La política fiscal, en la situación que atraviesa España, tiende a reducir el déficit publico y consecuentemente el volumen de deuda pública. El debate surge porque las opiniones sobre el ritmo en que tiene que llevarse a cabo el ajuste fiscal no son coincidentes entre los estudiosos de la economía: para unos es muy rápido y para otros no tanto. Los defensores de un ritmo rápido ponen el énfasis en los perjuicios que crea la desconfianza de los inversores o mercados en el desarrollo de nuestra economía y los diferenciales de interés que hay que abonar para que los préstamos concedidos con anterioridad sean renovados (el tipo de interés que nos aplican es mucho más elevado que a otros países que compiten con nosotros). Si este diferencial se eleva mucho, la carga de profundidad sobre nuestros proyectos de inversión es tal que se convierten en no rentables y no se podrá salir de la situación actual sino que tenderá agravarse en el medio y largo plazo. Además la elevación de los tipos de interés puede autoalimentarse y conducir a una situación insostenible y a una profecía que se autorrealiza. Los que consideran que el ritmo debe ser más lento defienden que una más rápida reducción del déficit público disminuirá también el consumo público y con ello la demanda agregada y la producción y, en consecuencia, el crecimiento. Si se genera menor producción se recaudarán menos impuestos y aumentaran las dificultades para reducir el déficit (la pescadilla que se muerde la cola).

 

            En cualquier caso, la idea de que no se puede gastar más de lo que se ingresa de forma elevada y sistemática empieza a ser aceptada por la mayoría de los ciudadanos como razonable. Los economistas siempre han defendido que cuando hay que reducir el gasto público no debería afectar al gasto productivo (inversiones) y sí al el gasto de funcionamiento y ayudas y transferencias. Sin embargo, vistas las reducciones que se llevan a cabo en los presupuestos públicos esta idea no se cumple mucho, porque recae principalmente en las inversiones.

 

            La política del tipo de cambio nos está vedada al estar en el euro. Esta es la política que se ha adoptado reiteradamente en los años ochenta y noventa por España e Italia antes de entrar en el euro. La forma de recuperar la productividad perdida era mediante la depreciación del tipo de cambio. Esto daba lugar a aumentar la producción nacional, tanto la destinada al mercado interior reduciendo las importaciones pues los productos extranjeros eran más caros, como la enviada al mercado exterior, ya que se podía exportar más dado que nuestros productos eran más baratos. Se producía una reducción de salarios y precios con respecto al exterior sin que los nacionales perdieran capacidad adquisitiva interna. Ahora no se puede devaluar la peseta y la reducción de salarios y precios encuentra el rechazo de muchos ciudadanos que reclaman el mismo estado del bienestar que en los años 2006-2007, pero no dicen dónde se pueden obtener los fondos para financiarlo entre 2009-2012, cuando los ingresos públicos se han venido abajo.

 

            Hay otra política muy importante que es la política estructural, aunque sus efectos no se produzcan en el corto plazo, pero es esencial para el medio y largo plazo. Supone la flexibilización de los mercados de bienes y servicios para que faciliten la reducción de los costes de producción, la indispensable flexibilización del mercado de trabajo que reduzca costes y permita la reasignación de los trabajadores de unos a otros sectores productivos, y el buen funcionamiento del mercado financiero. Estas reformas son imprescindibles pero suponen cambiar el “statu quo”, lo que conlleva costes políticos que producirán sus efectos en el medio y largo plazo. Sin ellas España no sale de la situación actual. El desarrollo de los países viene condicionado por el de sus empresas y hay que ayudar a ello, lo demás es engañarse y no conduce ni al crecimiento económico ni al progreso. La adecuada combinación de éstas políticas es fundamental.

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