Nuevos requerimientos formativos para los empleados de la banca española

Enviado por editor, el 21/11/2017 - 06:40

Luis Lacalle, Profesor de ENAE Business School

En el afán del regulador europeo (ESMA, European Securities and Markets Authority) de mejorar la calidad y transparencia de los servicios bancarios prestados en Europa, surge un nuevo contexto operacional que está significando un quebradero de cabeza para gran parte de los empleados de las Cajas y Bancos que operan en España actualmente.

La nueva normativa recogida dentro del marco regulatorio MIFID II (Markets in Financial Instruments Directive), propone un nuevo marco de actuación, que exigirá a partir del 3 de enero del año 2018 un gran cambio en la relación de los Bancos y Cajas con sus clientes actuales y futuros.

Algunas de las diferencias que se producirán, o ya se han producido en algún caso, en el día a día de las entidades, incluyen la clasificación de los productos en un catálogo según el nivel de dificultad y riesgo que conllevan para el cliente, con la idea de poder adaptar estos productos a los diferentes tipos de clientes y sus necesidades reales, clientes que también quedan divididos a su vez en diferentes tipologías, de acuerdo a su conocimiento de los mercados y productos financieros,  y según el nivel de riesgo más adecuado para cada perfil.

Las directrices marcadas por el regulador, establecen cuáles deben ser los conocimientos y competencias de todo el personal que interviene en los servicios de inversión prestados, ya sea a través del asesoramiento financiero o de la simple comercialización o venta de los productos ofrecidos por las entidades.

El punto más conflictivo de esta normativa, de obligado cumplimiento, hace referencia a que dichos empleados tendrán que acreditar que han adquirido los conocimientos necesarios para poder desarrollar esta actividad de forma adecuada, además de una experiencia profesional previa de al menos seis meses en esta materia. En el caso de que algún empleado no cumpla con alguno de estos requisitos, deberá ejercer su actividad en este ámbito, “bajo tutela” de otro u otros empleados que sí las cumplan.

El gran reto surge por la necesidad de acreditar que se han adquirido “los conocimientos necesarios”, unos conocimientos que abarcan un abanico de contenidos tremendamente amplio y en muchos casos complejos, que incluyen desde matemáticas financieras, normativas actuales, productos financieros complejos y la fiscalidad de los mismos, etc. Aparece así en escena una prueba de conocimientos que deben superar todos los empleados de las entidades antes mencionados para poder adquirir esta acreditación.

Esta prueba se desarrollará en diferentes fechas según los plazos que cada entidad determine, ya que de forma independiente establecen sus propios cronogramas, aunque el deadline sea idéntico en todos los casos.  Como medida de control y garantista, será la propia CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) la que supervise que la exigencia del examen (no será igual para todas las entidades) acredita el conocimiento de los contenidos exigidos, que si bien a nivel europeo es el ESMA el que marcará las pautas, será la CNMV la que determine las exigencias precisas para el caso de España.

La gran mayoría de las entidades no han afrontado este reto en solitario, y para la organización de este proceso formativo, muchas Cajas y Bancos han llegado a acuerdos de colaboración con empresas externas, como el Instituto de Empresa Business School en el caso del Banco Santander o la Escuela de Formación Bancaria de la CECA en el caso de Unicaja, para organizar todo el proceso, desde la elaboración de los contenidos, pasando por la organización de los cursos online, presenciales o semipresenciales para sus empleados, además del diseño y la gestión del desarrollo de la prueba de conocimientos.

Con el mencionado panorama surgen varios problemas para las entidades. La primera dificultad es que deben organizar la convivencia de las labores diarias de oficinas y algunos de los Servicios Centrales, con el desarrollo y la asistencia a los cursos por parte de los empleados, que en la mayoría de los casos se realizan durante el horario laboral, debiendo implementar un esquema rotatorio de asistencia a los mismos, que permita compatibilizar la formación, garantizando que los clientes no se vean perjudicados en sus necesidades diarias.

Además, desde el punto de vista de los empleados obligados a acreditarse, supone un reto enormemente complicado, ya no solo por la necesidad de compatibilizar sus labores profesionales y familiares con la preparación de dichos contenidos, sino sobre todo, porque muchos de estos empleados han abandonado las labores formativas hace varias décadas, lo que ha generado que les resulte muy costoso embarcarse en la lectura y asimilación de una gran cantidad de conceptos, que en muchas ocasiones, consideran que no se corresponden con las labores reales que desarrollan dentro de sus tareas de oficina del día a día. Incluso, las entidades han venido contratando, en otros contextos temporales en la mayoría de las ocasiones, a un gran número de empleados con formación teórica muy alejada de los requerimientos actuales, por lo que la nueva exigencia de superar la prueba de conocimientos, supone una barrera que consideran casi infranqueable.

Surgen en este escenario un gran número de preguntas sobre la continuidad en las entidades de muchos de estos empleados, más aún en el caso de que no puedan superar la mencionada prueba en los primeros intentos. Y si además, tenemos en cuenta que el sector financiero español está atravesando por un momento de fuertes ajustes y de grandes cambios en la composición de los actores de esta industria (como los casos del Banco Santander y el Banco Popular, la salida a Bolsa de Unicaja y su posible próxima adquisición por otra entidad, etc.), afrontamos una nueva época presumiblemente convulsa en nuestro sector financiero.

Creo que no debe existir duda sobre la necesidad de actualizar y modernizar al sector para las necesidades de un nuevo mercado, en el que han aparecido con fuerza las nuevas herramientas tecnológicas, nuevos productos complejos, nuevas necesidades de los clientes, y sobre todo, en un contexto en el que las entidades financieras se han convertido para el gran público (con razón o sin ella), en uno de los grandes culpables de la crisis global que se ha vivido y se sigue viviendo en la mayoría de los países occidentales. Sin embargo, sí cabe preguntarse sobre si la metodología y la exigencia se han propuesto de la mejor manera posible.

Lo que está claro es que el proceso de adaptación será largo, y que sin duda afectará positivamente a la calidad de la industria. La voluntad de las partes implicadas no es otra que mejorar y modernizar este mercado, añadiendo un conocimiento más profundo por parte de los empleados, una mayor transparencia y sobre todo, tratando de que los clientes (que son los más protegidos bajo el paraguas de nueva normativa), tengan acceso a aquellos productos que más se adecúen a sus necesidades y conocimientos. Algunos productos financieros que se pueden contratar en cualquiera de las oficinas de nuestras entidades, incorporan implícitamente una serie de factores difíciles de entender para la mayoría del público objetivo. Variables como los tipos de interés, los riesgos asociados al tipo de cambio de divisas, el riesgo de incumplimiento de las condiciones por alguno de los emisores de un determinado activo financiero, etc., este tipo de productos deben de ser en primer lugar completamente entendidos por los empleados encargados de comercializarlos a los clientes, y además, se debe tener claro que no todos los productos encajan con las características de todos los clientes.

En definitiva, ha comenzado un proceso de ajuste y evolución del sector financiero español e internacional (reformas similares se están aplicado en muchos otros países), que sin duda repercutirá positivamente en la calidad de esta industria y en el beneficio y satisfacción de sus usuarios.

Además, creo que es una muy buena noticia, que muchos de los empleados involucrados, tengan que “volver al aula”. En muchos casos, el profesional español se olvida de la formación continua, de la necesidad de seguir empapándose de las nuevas tendencias y de los nuevos avances. Esta obligación del regulador, está generando que muchos profesionales se vean obligados a reciclarse, a reinventarse y a mejorar su capacitación en definitiva. Mucho se ha comentado sobre el gran gap que existe entre la empresa española y la academia, entre el alumno que termina en las aulas y se incorpora al mundo laboral.

Las universidades y escuelas de negocio deberían tener una mayor vinculación con las empresas, con ese mundo “real”, generando  un intercambio de información y conocimiento bidireccional, que, al igual que va a ocurrir con el sector financiero, podría mejorar la eficiencia de otros muchos sectores, y en definitiva, contribuir a mejorar el bienestar social.