Los problemas de los municipios españoles

M.ª José Portillo es directora del Máster en Hacienda Autonómica y Local de ENAE Business School y profesora de Economía de la Universidad de Murcia.

En los últimos años, los municipios españoles han recibido una gran cantidad de ingresos procedentes de la actividad urbanística, materializados principalmente en un elevado crecimiento de la recaudación por el Impuesto sobre Construcciones y Obras, (ICIO), el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIIVTNU, más conocido como Plusvalía), los ingresos patrimoniales procedentes por concesiones y aprovechamientos especiales, la enajenación de terrenos procedentes de las cesiones urbanísticas recibidas por los municipios, tasas por licencias urbanísticas, cuotas de urbanización y aprovechamientos urbanísticos.

Este crecimiento de los ingresos ha supuesto que los ayuntamientos se hayan ocupado de prestar una serie de servicios que han elevado considerablemente los gastos impropios o no obligatorios, que no son de su competencia debido, entre otras cuestiones, a la inexistencia de una regulación clara y precisa de cuáles son los gastos que debieran asumir las entidades locales y por ello, una de las cuestiones que es necesario plantear es la necesidad de atender a una de las reivindicaciones de las entidades locales: una mayor y mejor regulación de sus competencias en la prestación de los servicios públicos locales y, por tanto, del gasto que deben asumir.

La reducción de ingresos aparejada a la crisis inmobiliaria no se vio acompañada inicialmente de la misma reducción en el nivel de gasto municipal y, ante esta situación, la mayoría de municipios optaron por reducir de manera drástica las inversiones, mantener el gasto corriente y acudir al endeudamiento en la medida que les resultaba posible, atendiendo a los límites legales establecidos, lo cual elevó la carga financiera de los municipios y como consecuencia de todo ello, la deuda viva de los ayuntamientos ha crecido considerablemente en los últimos años, suponiendo en 2009, 615,5 euros por habitante, con diferencias notables entre unos municipios y otros, tal y como se pone de manifiesto en el 'Panorama de la Fiscalidad Local 2010', elaborado junto con el Registro de Economistas Asesores Fiscales -REAF- del Consejo General de Economistas de España, que hemos presentado recientemente y en el que se abordan los principales temas presupuestarios que afectan a los municipios españoles, derivados principalmente de la insuficiencia de ingresos con los que hacer frente a sus dificultades financieras.

La situación financiera de los municipios españoles es complicada y necesita de la reforma del sistema de financiación local, sin olvidar la ineludible delimitación de los gastos que debe asumir cada nivel de Administración y la dotación económica que debe llevar aparejada, que produce duplicidad de gastos e ineficiencias que no se pueden asumir en una situación económica como la actual.